Según ADERA, el estudio general de aguas es clave para analizar el impacto de las macrogranjas

Hace unos días representantes de la Asociación en Defensa de la Economía Responsable en Almendros (ADERA) fueron recibidos por el presidente de la Diputación de Cuenca “tras varias peticiones”. Después de ese encuentro desde la citada institución local explicaron, entre otras cuestiones, que iban a iniciar los contactos con el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) para la elaboración de un estudio de los suelos de la provincia con el fin de ver cómo pueden afectar las explotaciones “tanto a la cantidad de agua necesaria para su funcionamiento como a la calidad el agua en relación a la gestión de los residuos, como los purines”, señalaba el presidente Benjamín Prieto.

 

Antonio Heras, presidente de ADERA, explica que el objetivo de la reunión que solicitaron “no era otro que darle información y ponerle al corriente de varios aspectos que pensamos que eran desconocidos para él y que son relevantes” con respecto al proyecto de instalación de una granja de porcino en el municipio de Almendros.

 

Heras señala que “visto el hermetismo” del Ayuntamiento de Almendros sobre la instalación de la macrogranja, han propuesto una reunión “a tres bandas” (ayuntamiento, la Diputación como mediadora y ADERA). En ese encuentro se hablaría de los tres puntos críticos que se verían afectados por las instalaciones porcinas: el Parque Arquelógico de Segóbriga, un acuífero del que se abastece un pozo de emergencia, la Zepa esteparia de la Mancha Norte y las afecciones que tiene sobre el empobrecimiento del terreno y la agricultura. Además, “hubo un anuncio por los promotores del proyecto de que iban a retirar la incineradora y de momento esto no se ha tramitado en ningún organismo”, desde el colectivo “tenemos constancia” de que, pese a lo afirmado, “no tienen ninguna intención de retirarlo del proyecto”, especifica Heras.

 

El estudio general de aguas es valorado muy positivamente por ADERA, un colectivo que asegura representar al 85% de la población del municipio de Almendros. “Hemos podido comprobar la preocupación del presidente”, algo que es satisfactorio, desde su punto de vista. En este momento se están tramitando 38 expedientes de macrogranjas, continúa argumentando Heras, dos de ellas se han cerrado precisamente por problemas relacionados con el agua, “son la de Huertas y la de Torrejoncillo”, por lo que el estudio al que hace referencia la Diputación de Cuenca “es un paso muy importante”. Eso sí, “de momento permanecemos escépticos a la espera de que se publiquen estos informes y ver qué actuaciones se derivan de ellos”.

 

Desde ADERA también han hablado con el presidente de la Diputación de Cuenca del hecho de que el alcalde de Almendros “sea el propietario de las tierras sobre las que se va a construir la macrogranja, en principio, y nos hemos puesto a su disposición para prestarle la información que barajamos y colaborar para que se cumpla la legislación en cuanto a este tipo de instalaciones”, concluye Heras.

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